Roberto Montero
Gerente de División Banca Patrimonial - BanBif
rmontero@banbif.com.pe
Si bien la respuesta es bastante obvia, siempre es
bueno recurrir a las cifras como sustento. Según el
Servicio Geológico de US (USGS, 2021), el Perú es
actualmente el segundo productor mundial de cobre y
plata; el tercero de zinc; el cuarto de plomo y
estaño; y el octavo de oro. Adicionalmente, nuestro
país cuenta la cuarta mayor reserva de oro del
mundo. En cuanto a las cifras internas, la minería
representa el 9% del PBI y más del 50% de las
exportaciones totales. Adicionalmente, la minería es
responsable de la generación de cerca de 230 mil
empleos directos. Según el MEM (2019), cada empleo
en la minería genera 6.25 empleos adicionales (1
indirecto, 3.25 de consumo y 2 de inversión).
Finalmente, nuestro país tiene en cartera 49
proyectos mineros por un valor cercano a los USD 60
mil millones (30% del PBI).
Estas cifras evidencia que la minería es un sector
estratégico para el desarrollo del país. Por ello,
resulta extraño que no tengamos una visión de largo
plazo que establezca los lineamientos estratégicos
clave para fortalecer su crecimiento en el tiempo.
En vez de ello, a la minería se le ve más como una
fuente de ingresos inmediata o como un “enemigo”
cuyo antagonismo permite ganar popularidad.
Si un gobierno quiere incrementar sus ingresos, el
camino fácil siempre será elevar los impuestos,
haciendo que los contribuyentes actuales paguen más.
Y cuanto más grandes sean, mejor. Por ello, la
minería siempre ha estado en la mira. Pero, ¿cuánto
más se puede cargar con impuestos a este sector sin
que empiece a perder competitividad internacional?
Para empezar, la carga fiscal que tiene el sector
está por encima del promedio mundial y en línea con
Chile. La estructura de tributos incluye -además del
impuesto a la renta (del cual se desprende del canon
minero)- el Impuesto Especial a la Minería (IEM), el
Gravamen Especial a la Minería (GEM) y las regalías
mineras. Estos impuestos tienen tasas escalonada y
se aplican sobre la utilidad operativa (IEM, GEM) y
sobre las ventas (regalías). Sólo durante los
primeros siete meses del año, este sector ha
generado ingresos para el fisco por PEN 2,084
millones, cifra superior al pico anual de los
últimos diez años, alcanzando en el 2010.
A pesar de toda esta carga, el Ejecutivo ha
propuesto, dentro de sus reformas tributarias,
incrementar aún más la carga del sector minero por
dos lados: (i) incrementar las tasas vigentes, en
particular la tasa mínima de regalías de 1% a 2%, lo
que afectará principalmente a las empresas en fases
iniciales; y (ii) aumentar la base imponible del
impuesto a la renta, proponiendo límites o incluso
eliminando las deducciones al impuesto a la renta y
la depreciación acelerada. Obviamente, esto no
podría aplicarse a las empresas con contratos de
estabilidad tributaria (Anglo American, Quellaveco,
Hudbay Perú, Cerro Verde).
Entre tanto, por el lado del populismo social, el
Ejecutivo intentó cerrar cuatro minas en Ayacucho,
cuyos conflictos sociales datan desde hace varios
años atrás. Más allá de la ignorancia que mostró el
gobierno sobre el significado de un cierre de mina,
lo que preocupa es su falta de interés hacia las
nuevas inversiones que ya estaban anunciadas por
dichas minas. Tan solo unos meses antes, Hochschild,
dueño de la Minera Ares, había anunciado una
inversión de USD 4,436 millones para ampliar la vida
útil hasta el año 2041 de uno de los yacimientos en
cuestión, la mina Inmaculada (oro y plata). Lo mismo
había sucedido con Apumayo y Breapampa, quienes
también estaban gestionando una ampliación. ¿Por qué
frenar inversiones que pueden seguir generando
puestos de trabajo y potenciar el crecimiento del
sector?
Lo que todo gobierno debe comprender es que la
incertidumbre es el peor enemigo de la inversión, y
tratándose de un sector tan estratégico como la
minería, es mejor sentarse a conversar y planificar.
La inestabilidad política está llevando a las
empresas mineras a enfocarse en extender la vida
útil de sus yacimientos, en vez de realizar nuevas
exploraciones. Basta recordar como hace unos meses
atrás, Newmont postergó su decisión de
financiamiento del proyecto Yanacocha Sulfuros (USD
2,100 millones) hasta el segundo semestre del
próximo año.
El Ejecutivo debería preocuparse en incentivar la
exploración minera, elemento clave para hacer
sostenible este negocio en el largo plazo. Enfocar
sus esfuerzos en disminuir la burocracia para
aprobar un proyecto dependiendo del tamaño del mismo
y el impacto sobre el medio ambiente. Ello
permitiría alimentar la tubería de proyectos
mineros, la cual desde hace algún tiempo que no se
incrementa.
Otro tema muy importante es tomar la decisión de
enfrentarse a la minería ilegal, la cual es la que
produce el mayor daño socio ambiental. Según
Macroconsult, se estima que la producción ilegal de
oro en el 2019 representó el 29% del total producido
en el sector formal. Si se quiere reducir el impacto
ambiental y generar más ingresos, es vital empezar a
regular este negocio, ubicado principalmente en las
zonas fronterizas del país (Madre de Dios, Puno y
San Martín).
Y para terminar con la lista de pedidos, recordarle
al Ejecutivo un proyecto que resulta clave para
disminuir los conflictos sociales en el corredor
minero: la construcción del ferrocarril Nodo Minero
Sur-Marcona.
Cada país tiene ventajas comparativas que resultan
claves para un crecimiento sostenido. En nuestro
caso, pareciera que esas ventajas se miran como si
fuesen debilidades.
“En BanBif acompañamos sueños, generamos
desarrollo”